PROVEA: Caso Rubén González
Rubén González
El ciudadano Rubén González trabaja en la empresa CVG Ferrominera
Orinoco C.A. (Ferrominera) desde hace casi 27 años y actualmente es el
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de CVG Ferrominera
Orinoco C.A., ratificado el pasado 26.07.2012 con el respaldo de más
de 2700 trabajadores que lo apoyaron con su voto. SINTRAFERROMINERA es
el sindicato más grande de la empresa con más trabajadores afiliados.
En diciembre del 2008, luego de quince meses sin convención
colectiva, se firmó una nueva convención colectiva entre la empresa
estatal Ferrominera y el sindicato SintraFerrominera. La nueva
convención fue depositada en la Inspectoría del Trabajo el 05.01.2009, y
a partir de ese momento comenzó a regir según la legislación laboral
venezolana. En mayo del 2009, el presidente Chávez autorizó la
homologación de la convención colectiva de los trabajadores de
Ferrominera, hecho que se concretó el 01.06.2009 por intermedio del
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Jorge
Giordani.
El domingo 09.08.2009, el presidente Chávez visitó la empresa
Ferrominera Orinoco, con la finalidad de realizar desde allí la
transmisión de su programa dominical “Aló Presidente”, y anunciar
medidas para el financiamiento del sector ferrominero y la
implementación del control de la producción por parte de los
trabajadores.
Rubén González, en calidad de Secretario General de
SintraFerrominera, tenía previsto informar al presidente Chávez sobre el
descontento de los trabajadores durante el “Aló Presidente”. Un grupo
de dirigentes sindicales que querían agradar al presidente Chávez le
impidieron ingresar al lugar donde se desarrollaba el programa, con la
finalidad de evitar que se escucharan voces críticas en relación a la
situación de los trabajadores de Ferrominera. Esta habría sido la
tercera vez en seis meses que a González se le impedía participar en un
“Aló Presidente”. La primera vez fueron agentes del Estado –armados-
quienes le impidieron participar del evento.
Entre el 11 y 26 de agosto de 2009, más de 2000 trabajadores de
Ferrominera Orinoco, iniciaron una huelga en reclamo ante el
incumplimiento de la convención colectiva firmada entre estos y el
patrono. Según Rubén González, entre otras disposiciones de la
convención colectiva, los trabajadores reclamaban el incumplimiento del
pago retroactivo de salarios desde el 5 de enero al 31 de mayo de 2010,
conforme a las condiciones de la nueva convención colectiva; y el pago
de un “bono único” para saldar las obligaciones acumuladas durante los
14 meses en que no hubo convención colectiva.
Los trabajadores desde tempranas horas decidieron paralizar las
actividades para buscar una respuesta satisfactoria a sus reclamos: pago
de retroactivo, pago de bono de producción, y el reclamo ante una
reducción de la jornada laboral que les desmejoró el salario a los
trabajadores en casi un 50 por ciento”. González expresó a su vez otros
reclamos: “el transporte está en malas condiciones, no hay dotación de
los implementos de seguridad, no hay ni papel en los baños, ni agua
potable, ni aceite para hacerle el mantenimiento a los equipos de la
mina. Durante los quince días de huelga, la cobertura realizada por los
medios de prensa estatales está orientada a minimizarla y
desprestigiarla”.
El 26.08.2009 el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, y el
secretario general de SintraFerrominera, Rubén González, suscribieron un
“acta convenio” en la que se acordó la finalización de la huelga a
cambio del compromiso de cumplir con la convención colectiva. Ese mismo
día se da por finalizada la huelga.
Un mes después, Rubén González fue detenido e imputado por la
supuesta comisión de los delitos de agavillamiento, instigación a
delinquir, restricción a la libertad del trabajo, y violación de zona de
seguridad. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el
21.01.2010, fecha en la que se decretó su arresto en la cárcel de la
sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar. Para ese
entonces, ya Rubén González permanecido 14 meses en prisión.
El 22.01.2010, el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos
de la Corporación Venezolana de Guayana (SUNEP-C.V.G.) presentó una
queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), por violaciones a la libertad sindical
de parte del Estado venezolano. El 19.11.2010, el Comité de la OIT
declaró que “… los hechos imputados contra este dirigente sindical no
justifican su detención provisional o arresto domiciliario desde
septiembre de 2009”, y solicitó al Estado venezolano “que se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos”.
A pesar de ello, el Estado venezolano desoyó las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y el 28.02.2011 condenó a Rubén González a 7 años y 6 meses de cárcel,
lo que generó la movilización y el repudio de las distintas
organizaciones sindicales y defensoras de DD.HH a nivel nacional,
lográndose la anulación de la sentencia condenatoria y del proceso que
se había celebrado, pero no el sobreseimiento definitivo de la causa que
se le sigue al dirigente sindical. En virtud de ello, Rubén González se
ha visto obligado a presentarse periódicamente ante los Tribunales a la
espera del inicio del nuevo juicio en su contra.
El nuevo juicio abierto contra el dirigente Rubén González fue
radicado en Caracas, correspondiendo el conocimiento de la causa al
Juzgado 24° en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin embargo
la audiencia para dar inicio al nuevo proceso judicial aún no ha sido
celebrada, toda vez que se ha diferido en 5 oportunidades ante las constantes incomparecencias de la representación judicial del Ministerio Público.
La última audiencia, prevista a celebrarse el pasado 10.04.2013 fue
suspendida, toda vez que en el Tribunal no hubo despacho, en esa
oportunidad Rubén declaró a las puertas del Circuito Judicial “esto
quiere decir que hay una persecución política, yo no cometí ningún tipo
de delito, lo único que hice fue representar a los trabajadores”.
Pese a la persecución, la criminalización y los intentos por limitar el ejercicio de los derechos sociales, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea),
reivindica el ejercicio pleno de la libertad sindical y el derecho a
huelga de las y los trabajadores como complementos indispensables para
la construcción de una democracia verdaderamente participativa y
protagónica.
Provea seguirá, como siempre, junto a Rubén González y las y
los trabajadores venezolanos, defendiendo el derecho a exigir derechos.
¡Exigimos libertad plena para Rubén González!
http://www.derechos.org.ve/2013/05/01/caso-ruben-gonzalez/
