Maribel Suárez Mancha

miércoles, 26 de junio de 2013

#NoMasTortura: Grita contra la tortura: Denuncia!”


Posted: 18 Jun 2013 06:30 AM PDT
La Tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación o con su consentimiento. (Proyecto de Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes sancionados por la Asamblea Nacional el 4 de junio de 2013).

La tortura no es una práctica nueva en nuestro país ya que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz a lo largo de 28 años ha realizado el acompañamiento a personas víctimas y familiares de víctimas de este terrible delito.

El objetivo de la campaña, “¡Ya tenemos ley! ¡Grita contra la tortura: Denuncia!” que se realizará hasta el 28 de junio, es promocionar la Ley e incentivar a las personas víctimas a denunciar estas inaceptables prácticas y exigir sanciones para los responsables
 
De esta forma, han sido testigos y testigas de las profundas secuelas psicológicas y físicas que la tortura deja en las víctimas.
Por todo esto y aprovechando que el 4 de junio de este año los diputados y diputadas sancionaron la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, miembro del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en compañía del Frente Clasista Argimiro Gabaldón, La Asociación de Defensores, PROVEA, la Cátedra Dilia Antonia Rojas y la Escuela de Vecinos de la Pastora, han decidido comenzar este viernes 14 de junio  la campaña “¡Ya tenemos ley! ¡Grita contra la tortura: Denuncia!”

El objetivo de la campaña, “¡Ya tenemos ley! ¡Grita contra la torturaDenuncia!” que se realizará hasta el 28 de junio, es promocionar la Ley e incentivar a las personas víctimas a denunciar estas inaceptables prácticas y exigir sanciones para los responsables.

Estamos convencidos que la denuncia es el primer paso para acabar con la impunidad en las violaciones de los derechos humanos y debemos tener presente que a pesar de que pasen los años este delito no prescribe porque es considerado un delito de lesa humanidad.

Asimismo, consideramos que como ciudadanas y ciudadanos es nuestro deber empoderarnos de las leyes y hacer de ellas un instrumento de lucha para que  juntos y juntas finalmente alcancemos un país donde reine la Justicia y la Paz.

Durante esta campaña está previsto:
1).- Difusión de la ley en redes sociales. En Twitter  usaremos el hastag #NoMasTortura.
2).- Talleres con comunidades de la Vega sobre Atención a las personas víctimas y difusión de la ley.
3).- Una rueda de prensa para medios de comunicación con la presencia de personas víctimas que ofrecerán sus testimonios el 26 de junio (Día Internacional en Solidaridad con las víctimas de Tortura acordado por las Naciones Unidas).
4).- Conferencia sobre Justicia, Ética y Tortura en la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima el 28 de junio.
5).- La participación de los comités y organizaciones de DDHH que acompaña la Red de Apoyo desarrollando actividades en sus localidades para difundir la campaña.

Finalmente, nos unimos durante este mes a más de 100 organizaciones internacionales que forman parte del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT, siglas en inglés) a la campaña “Derecho a la rehabilitación. Las Víctimas de Tortura tienen Derecho”, como actividad conmemorativa para el próximo 26 de junio.

¡Tortura nunca más! Por ello, te invitamos a visitar nuestra página web www.redapoyo.org.ve, Facebook: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz,  Twitter: @redapoyo, para que conozcas un poco más del contenido de la ley y puedas unirte en esta cruzada en redes sociales para difundir tan importante Ley. (Prensa Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 14.06.13)

Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los Derechos Humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter. y multidisciplinaria, la Red de Apoyo:
1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar.
2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares.
3. Promueve políticas públicas en materia de Derechos Humanos.
4. Realiza actividades de promoción y difusión, y general procesos de educación en Derechos Humanos.

Servicio de Comunicación Telefax: (0212) 574 19 49 / 574 80 05
Periodistas: Gabriela Buada 0426 821400
y Liliana Cadena 04163274845
                                                       comunicación@redapoyo.org.ve
Página Web: www.redapoyo.org.ve
Twitter: @redapoyo
Facebook: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

El 24 de Junio se inició el Curso Salud y Seguridad del Trabajo



Tal y como estaba previsto el 24 de Junio se inició el Curso a Distancia sobre Salud y Seguridad  Laboral. Observamos gran participación de Venezuela y eso nos alegra y nos compromete.  Nos alegra. porque podemos demostrar la necesidad de formación que tenemos en el país ante los compañeros y compañeras de la OIT, CSA,CSI, FES, TUCA , ITUC, IGB; y nos compromete, porque sabemos que todos los que participamos vamos hacerlo muy bien, por nuestra central, nuestro Sindicato, nuestra empresa, y porque somos capaces de representar bien a nuestros agremiad@s y ASI LO HAREMOS.

Solo nos permitimos recordarles, porque sabemos que tenemos otras ocupaciones, que es muy importante entrar en la plataforma los días lunes para revisar la actividad semanal y en el transcurso de la semana leer los aportes de los demás compañeros, y completar la actividad que nos haya sido asignada. Jesús García Jiménez y todo su equipo ha hecho un gran esfuerzo para incorporar más de 300 compañeros y compañeras. ASI, también hizo un esfuerzo para difundir la información y que todos tengamos acceso a un curso con tutores de aquilata trayectoria académica y gratuito. Solo estamos invirtiendo un esfuerzo importante para formarnos y ustedes saben que la formación no tiene precio y nadie no las podrá quitar. 

Les pedimos a los que no hayan entrado a la plataforma, que lo  hagan lo antes posible, porque estamos contando con sus aportes para el bien de todos los grupos.

En la seguridad que estamos muy bien Representados en cada grupo, solo nos resta decirles que todo saldrá bien,

Venezuela los necesita formados para una defensa certera de derechos y reivindicaciones laborales.

Confiamos en ustedes, sabemos que no nos defraudaran!

Adelante compañeros y compañeras!

Carlos Navarro Carrasco/Presidente

Maribel Suarez Mancha/ Directora de Salud Laboral y Ambiente

PROVEA invita:Encuentro de OSC sobre derechos de la sociedad civil en el entorno actual venezolano

Encuentro de OSC sobre derechos de la sociedad civil en el entorno actual venezolano

 Viernes 28 de Junio 2013

 Sala Ana Teresa Arismendi

Edificio Cendeco, PB, Universidad Metropolitana

Sinergia y Civilis Derechos Humanos, desean invitarle a participar en un Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el objetivo de compartir el marco de protección de los derechos de la sociedad civil y de herramientas que permiten activarlo, realizar un análisis acerca del estado de estos derechos en el entorno actual venezolano, y trabajar estrategias que, fortaleciendo su legítimo ejercicio, sirvan para viabilizar cambios en la situación de los derechos humanos, a través de oportunidades de esfuerzo conjunto.
Programa
8:30am
Manual de Protección de los Derechos de la Sociedad Civil
Feliciano Reyna y Joli D´Elia (Civilis Derechos Humanos)
9:30am
Libertad de Reunión Pacífica y de Expresión
Gloria Salazar (Espacio Público)
Nuevos medios de Infoactivismo
Luis Carlos Díaz (Constructores de Paz-Centro Gumilla)
Libertad de Asociación en Organizaciones Comunitarias
William Requejo (Unión Vecinal para la Participación Ciudadana)
Libertad de Asociación en Comunidades Educativas
Alexis Ramírez (Fenasopadres)
Derecho a la Participación y Poder Popular
Ileana Malito (Grupo Social Cesap)
11:30m
Plataforma de Redes de Sociedad Civil en Venezuela
Diana Vegas (Sinergia)
Protección Internacional de los Derechos de la Sociedad Civil
Feliciano Reyna (Civilis Derechos Humanos)
1:00pm
Almuerzo Libre
2:00pm
Derecho a la Manifestación Pacífica
Rafael Uzcátegui (Provea) y Marco Ponce (OVCS)
Libertad Sindical
María Esperanza Hermida (Provea)
3:00pm
Mesa Redonda: Estrategias para Viabilizar Cambios en los DDHH a través de Oportunidades de Esfuerzo Conjunto Lexys Rendón (Moderadora)                                       

#HuelgaNoEsDelito

Con la campaña #Huelga No Es Delito, Provea apoya las luchas de los trabajadores venezolanos

La Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga en su artículo 97. Sin embargo, en los últimos años Provea ha denunciado el empleo de diversos mecanismos por parte del Estado venezolano para restringir y criminalizar su ejercicio.




Por vías legales se mantiene la negación del derecho a huelga y cada vez es más riesgoso para los sindicalistas convocar a la paralización de actividades.

Hemos señalado que la creación de un entramado legal orientado a criminalizar las luchas y disminuir la capacidad de movilización de los trabajadores y los sindicatos, atenta contra conquistas históricas del movimiento obrero como la libertad sindical y el derecho a huelga, y está reñido con los principios consagrados en la Constitución Nacional y las normas contenidas en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales suscritos por el Estado venezolano.

Levanta tu voz en la fábrica, en la universidad, en la comunidad. Difunde, denuncia, defiende tu derecho legítimo a la huelga
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) junto a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, son la expresión más acabada de ese andamiaje represivo.

En diciembre de 2002, en el marco de un período de intensa conflictividad política, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Los Títulos IV y V contemplan la clasificación de las llamadas Zonas de Seguridad y las Sanciones y Penas ante la violación de los preceptos señalados en dicho instrumento legal.

Los trabajadores venezolanos han sido las principales víctimas de la criminalización y la judicialización de sus luchas, que bajo el mandato de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, ha emprendido el Estado venezolano.

Rubén González permaneció 17 meses en la cárcel, y actualmente está sometido a juicio luego que la sentencia que lo condenó a 7 años de prisión, fue anulada debido a las acciones de rechazo del movimiento sindical a nivel nacional.

Entre los delitos que se le imputan, está la violación del artículo 48 de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuya pena aplicable está contenida en el artículo 56 de la misma: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.

El mismo principio fue aplicado en 2012, contra 5 trabajadores de la construcción en el Estado Táchira, quienes fueron sometidos a la justicia militar, luego de realizar una protesta a las puertas del Fuerte Murachí, exigiendo el pago de sus pasivos laborales a la empresa Xacobeo, C.A.

La Organización No Gubernamental “Control Ciudadano” ha calculado que un 32% del territorio venezolano ha sido calificado como zona de seguridad.

En el año 2009 Provea calculó que por delitos tipificados en el Código Penal y por “violación de zona de seguridad” 2.400 luchadores sociales se encontraban en regímenes de presentación en tribunales tras haber sido privados de su libertad en el contexto de una manifestación.

La Ley de Seguridad de la Nación es casi una copia al calco de la “Ley de Seguridad Interior del Estado” chilena, aprobada en 1958 durante la presidencia del militar Carlos Ibáñez del Campo, y reeditada por el Gobierno de Sebastián Piñera para criminalizar las luchas del pueblo Mapuche.

Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), aprobada en mayo de 2012, está orientada a la criminalización de la protesta y la proscripción de las formas de lucha que históricamente ha adoptado el movimiento obrero.

Provea denunció a esta Ley como potencial violadora de los derechos humanos debido a su ambigua definición de “acto terrorista” y “delincuencia organizada”.

La LODOFAT, es la versión venezolana de la USA Patriot Act o Ley Patriota Norteamericana y una aplicación del Manual Antiterrorista del Fondo Monetario Internacional. Establece penas para las personas naturales y jurídicas, que sean calificadas como terroristas o cooperantes con el terrorismo.
El caso más emblemático de aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido el de Yendrick Sánchez, un joven que interrumpió el acto de toma de posesión del presidente Maduro el pasado 15.04.13. Sin embargo el objetivo principal de la LODOFAT es la desarticulación y desmovilización de los sectores en lucha, entre ellos, los sindicatos y gremios.

Otros instrumentos jurídicos apuntan a la criminalización del derecho a huelga.

La Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del año 2009, crea en su artículo 50 la figura de los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la producción, lo que a juicio de Provea impediría el derecho a huelga usando los “combatientes”como esquiroles o grupos de choque.

Esta militarización de las condiciones laborales parece ratificarse con el anuncio realizado el pasado 23.05.13 por el Presidente Nicolás Maduro para la creación de las llamadas “milicias obreras”.

Asimismo, en días pasados, el Gobierno Nacional ordenó la militarización de la empresa Ferrominera del Orinoco, en un intento por quebrar una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa industria, en reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de quienes habían sido despedidos injustificadamente en 2012.

En dicha oportunidad, Provea denunció que la militarización de un conflicto de carácter laboral, generaba un grave precedente que, sumado a la creación y fortalecimiento de las Milicias Obreras, evidencian una elevación de la represión y criminalización del derecho a huelga.

En otros casos como la aplicación de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios” y la “Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios”, se pretende restringir el ejercicio del derecho a huelga bajo el “objetivo de garantizar el acceso a los alimentos y combatir el desabastecimiento de productos básicos”.

En tal sentido, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en exhortar al Gobierno Nacional a reformar la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artículo 139.

Casos más recientes como las sentencias dictadas por el Juzgado Cuarto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, ordenando a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) y a la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), el levantamiento del paro profesoral y la reanudación de actividades académicas en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela, constituyen graves violaciones al derecho a huelga y al convenio 87 de la OIT en materia de Libertad Sindical.

Ante las continuas amenazas al derecho a huelga, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, junto a organizaciones sindicales, gremiales, y defensoras de Derechos Humanos, ha iniciado una campaña en favor de esta constitucional y legítima conquista de las y los trabajadores venezolanos, y contra la criminalización de quienes luchan por mejores condiciones laborales.
Mediante el uso de la etiqueta #HuelgaNoEsDelito en twitter, reivindicaremos el pleno ejercicio del derecho a huelga.

Puedes apoyar esta lucha a través de cualquiera de tus redes sociales.

Levanta tu voz en la fábrica, en la universidad, en la comunidad. Difunde, denuncia, defiende tu derecho legítimo a la huelga. (Prensa Provea, 25.06.13)
#HuelgaNoEsDelito 
#HuelgaNoEsDelito
#HuelgaNoEsDelito


Lactancia a juro

Casa de la Mujer / Lactancia a juro

Posted: 25 Jun 2013 03:00 PM PDT
El debate previsto en la Asamblea Nacional para la discusión de la Reforma a la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, vigente en Venezuela desde 2007, afortunadamente se ha pospuesto.

Una reforma como la anunciada que afecta a las madres con maneras obligantes, deja las libertades y la autonomía de las mujeres muy mal paradas.
El tono o el espíritu de la reforma- ley por lo poco que se conoce suena a norma de tránsito, por aquí se pasa y por allá infracción.

 aterna exclusiva hasta alrededor de los seis meses de edad por sus innumerables ventajas para la salud, el crecimiento y el desarrollo de niños y niñas, y la disminución del riesgo de gran número de enfermedades agudas y crónicas

Una gran mayoría está de acuerdo con la promoción de la lactancia materna con respeto y consideración para que se decida con suficiente información si se va a amamantar o no; igual estamos de acuerdo con un protocolo que respete la decisión de las madres que sí quieren hacerlo mientras que las clínicas y hospitales rutinariamente imponen por su cuenta y con absoluto irrespeto la primera experiencia alimenticia con tetero y fórmulas lácteas o agua con azúcar , sea cual fuere la disposición de la madre.

De hecho, la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta alrededor de los seis meses de edad por sus innumerables ventajas para la salud, el crecimiento y el desarrollo de niños y niñas, y la disminución del riesgo de gran número de enfermedades agudas y crónicas.

Acontece que en estos tiempos también se sabe que la lactancia materna ya no supone una cuestión de supervivencia como en los tiempos sin leches maternizadas.
Por ello, la forma de criar a los y las recién nacidos/as, junto a otras cuestiones de orden individual y cultural , la lactancia se ha convertido en una elección libre.

También hay que considerar a las mujeres que no están en condiciones de decidir libremente por razones económicas, de salud y de otra índole e igualmente reflexionar críticamente sobre la influencia que ha significado la promoción publicitaria de fórmulas lácteas durante muchos años para solucionar lo real y lo inventado y, que no se va a desvanecer con la letra de una ley.

Antes del aviso de la suspensión, la diputada Monzón anunció que este martes se discutiría esta ley que busca garantizar la lactancia materna, hábito que asegura se ha perdido “por las transnacionales (que están) vendiendo esa fórmula (láctea)”.
La legisladora aseguró que “los teteros (biberones) se van a prohibir, salvo en casos excepcionales”.

La reforma en cuestión está envuelta con prisas y falta de consultas – no ha sido divulgada- aunque según los medios y las organizaciones de mujeres , las sanciones ante el incumplimiento de las normas de amamantamiento estaban previstas, aunque la diputada Monzón desestimó esa posibilidad.

Sermones

Las leyes relacionadas con la salud reproductiva en las que son protagonistas las mujeres, – menos que ninguna otra ley – se puede elaborar sin consulta y participación.
No se trata de predicar que la mujer debe amamantar, se trata de las mujeres, muchas y diferentes. Esto cuesta entenderlo si la reproducción se sigue pensando en serie o como un asunto de incubadoras.

De aprobarse semejante reforma -ley, la reaparición de las nodrizas sería posible.
Confiemos en que puedan escuchar otras voces, modificarla o suspenderla.
Recordemos que la promoción de la lactancia en el país no ha sido diseñada con buen tino, siempre asoma la obligación desmesurada, una ración de culpas, y la imagen insuperable de la buena madre que sí cumple con su deber, cuando se requiere contemplar con mayor amplitud las distintas situaciones de las mujeres, en el marco de la libertad de elegir de manera informada que debe prevalecer siempre.

Más mamistas que…

En declaraciones a AFP, el ex Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela y exRepresentante Adjunto Regional de Unicef, Alfredo Missair, aplaudió la existencia de leyes que promuevan la leche materna para el desarrollo de los niños (sic) y aseguró: “No conozco de ninguna legislación que obligue a la lactancia materna o que criminalice el no hacerlo”.

En el mismo orden de ideas o en otro, compartimos la opinión de quienes dicen que se proponen demasiadas leyes, bien para justificar un cargo, para figurar, como una marca de narcisismo o para dar idea de que avanzamos socialmente o algo parecido, sin importar si es urgente, necesaria, o más bien arcaica.

Por otro lado, la fábrica de leyes es independiente de su cumplimiento y de la falta de reglamento para algunas, como es el caso de la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (2007) que aún se espera por él.

En cuanto a reformas , también estamos a la espera de la del arcaico Código Penal venezolano, una materia pendiente, mientras leemos artículos que penalizan el aborto, el matrimonio se presenta como eximente de pena a violadores, contempla el aborto e infanticidio honoris causa y por si fuera poco los artículos anulados por sentencias de la antigua Corte Suprema de Justicia los volvieron a copiar textualmente en la edición de la última reforma en el 2006, ¿un lapsus del patriarcado?
Este compendio del más rancio derecho patriarcal es una afrenta para las mujeres.

Aborto, sí aborto

El tema del aborto en Suramérica, sigue en el tapete público.
En el país no tenemos problema porque este tema tan delicado no se toca, mientras los índices de mortalidad materna – a pesar de ser un objetivo Milenio 2015- no logran mejorar, en parte por las muertes causadas por los abortos clandestinos e inseguros.
Los países que aparentemente llevan la bandera más infame contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son El Salvador, Nicaragua, que junto a Chile, Honduras y República Dominicana son los países con penalización absoluta del aborto, sin consideración por la situación de la madre ni del feto.

Recordemos la perversa odisea que le obligaron vivir a la salvadoreña Beatriz, embarazada con un feto anencefálico (sin cerebro).
En El Salvador las mujeres van del hospital a la cárcel, con o sin aborto provocado.
La sospecha de que no se trate de un aborto espontáneo, hace que los médicos y médicas obligados a tan execrable protocolo llamen a la policía, quien velozmente acude al hospital para esposar a las mujeres o llevárselas convalecientes a la cárcel en condiciones inhumanas y riesgosas.

La Fiscalía se encarga de sentenciarlas por abortar a unos 8 años y el resto por homicidio.
Cuarenta, ( 40 ) mujeres han sido condenadas a 5O años de prisión y otras noventa (90) están en la cárcel a la espera del juicio, denuncia Morena Herrera, activista salvadoreña de los derechos humanos de las mujeres.

¿Quiénes son estas mujeres encarceladas? 

Fácil, son como todas las mujeres pero pobres, las más desasistidas y mucho más violentadas que las demás; tienen menos alternativas, menos posibilidades para elegir en la vida y mucho que pagar y sufrir.
El peso de la curia de la iglesia salvadoreña y el movimiento Provida Red familiar – que dice aglutinar cincuenta organizaciones de la sociedad civil- destaca “el ejemplo que El Salvador le da el mundo entero en la defensa del derecho a la vida de todo ser humano, incluyendo los más pequeños, pobres, vulnerables e indefensos”.

¡Urgente! Estados laicos reales para Suramérica y el mundo; la mayoría de los que se declaran laicos no lo son en la práctica.
Si lo fueran las autoridades políticas no podrían adherirse públicamente a ninguna religión determinada ni permitir que las creencias religiosas influyeran sobre la política nacional. 

Fuente: Melissa Silva Franco, El infierno de abortar en El Salvador A 9- 23-6-13
Para información y denuncias
Línea nacional (O8OO-MUJERES) 0800-6853737
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Casa de la Mujer Juana Ramírez “La Avanzadora” – Maracay
(Fundada en 1985)
Programa de Atención a Mujeres en situación de violencia
De lunes a jueves de 8 a 12 y de 1 a 5 p.m.
Viernes de 8 a 12 y de 1 a 4 p.m.
CEDIAR -Centro de Documentación e Información “Aída Arroyo”.
Servicios: lunes a jueves de 1,30 a 5 pm –
Directorio: Órgano Divulgativo de la Casa de la Mujer Juana Ramírez “La Avanzadora” C/ López Aveledo Norte No. 11. Urb. Calicanto. Aptdo. Correos 2028. Telefax. 0243- 2463796 Correo E: cmjrla@yahoo.es .
No. 844 Año XXIII 26/6/20

sábado, 22 de junio de 2013

La huelga de hambre

logoOVCS 

En los últimos tres años se ha recurrido al ayuno como forma de protesta en más de 300 oportunidades.

Los universitarios pudieran estar rompiendo el cerco de la hegemonía comunicacional

Tras 12 días de huelga, gobierno y trabajadores se sentaron a hablar en Ferrominera

En los últimos tres años las huelgas de hambre se han convertido en parte de la cotidianidad venezolana, hemos contabilizado más de 300 en todo este tiempo.

Estudiantes, trabajadores, damnificados, privados de libertad, profesores universitarios y hasta pequeños empresarios han puesto en riesgo sus vidas para llamar la atención y obtener respuestas de entes del gobierno.
La huelga de hambre es la forma de protesta más pacífica, pero también la más peligrosa porque se pone en riesgo la vida de quienes la realizan

En Venezuela vivimos la trágica historia del productor agrícola Franklin Brito. Todos conocemos el desenlace y no queremos que se repita.

Mucho se dice sobre la efectividad de este tipo de protesta. Creemos que cualquier opción democrática y pacífica para exigir reivindicaciones y demandar derechos es válida. 

Sus resultados van a depender de muchas cosas, pero sobre todo de la estrategia y seriedad de quienes la realizan y siempre teniendo como premisa que el gobierno de Venezuela, según estudios del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, espera en promedio al menos 30 días para comenzar a negociar con huelguistas, generalmente montando mesas de diálogo y negociación que muchas veces terminan en el desgaste y no en el cumplimiento de las demandas.

Por lo general, quienes hacen una protesta de esta naturaleza, denominada radical, lo hacen luego de emplear distintos métodos pacíficos para exigir derechos o demostrar descontento con una situación o medida política, o tras sentirse burlados por las autoridades o por el sistema judicial.

Debido a la ausencia de respuestas, muchos venezolanos han optado últimamente por emplear métodos cada vez más extremos de protesta, desde dejar de comer o coserse la boca hasta mutilarse partes del cuerpo.

Un ejemplo claro lo vemos con los presos.

Pero no siempre es así. En algunos casos observamos cómo se usa este tipo de protesta como primer recurso, posiblemente por su interés mediático.
Aunque las huelgas de hambre se han hecho cotidianas, debemos advertir que no deberían verse como normales en una sociedad democrática en la que se deberían respetar los derechos humanos.

Conflicto universitario

El paro universitario parece haberse consolidado con cierta fuerza.
Profesores y estudiantes universitarios se declararon en huelga de hambre en distintos estados del país.
No creemos que quienes decidieron ejercer una protesta de esta naturaleza lo hagan por el simple gusto de “sabotear a la nación”, como declaró Nicolás Maduro en días pasados.
En lugar de atacar y criminalizar a quienes exigen sus derechos democráticamente, el gobierno debería buscar mecanismos constitucionales para abrir el dialogo, transformar el conflicto y sobre todo responder a un sector que representa el futuro del país.

Pero vemos también cómo cuando las protestas se hacen de una manera coordinada y con conducción -con elementos novedosos y que atraen la atención del resto de la sociedad, por ejemplo la marcha de universitarios que realizan desde Barquisimeto hasta Caracas, o las múltiples protestas simultáneas en diferentes partes del país, unas en plazas, otras con actividades de calle, clases magistrales, etc- la repercusión aumenta y se logra aglutinar apoyos en el resto de la sociedad.
Cuando las protestas están a la vista de todos, no hay forma ni manera de sacar de contexto los motivos que las causan. 

Las calles, las autopistas, las plazas, son un vínculo directo con la gente que no necesariamente tiene que estar pendiente de una pantalla de televisión o emisora de radio para informarse.
Además en las universidades hacen vida profesores, obreros, estudiantes, empleados, padres, hijos, etc, una muy perfecta representación de nuestra sociedad que multiplica el mensaje.
El gobierno debería de tomar en cuenta este factor. Las universidades, con su salida a la calle, pudieran estar rompiendo el cerco de la hegemonía comunicacional, esa que tanto ha buscado el gobierno y parece estar a punto de lograrla.

Huelga en Ferrominera del Orinoco

Tras doce días de suspensión de actividades, el pasado viernes autoridades de la CVG, Ferrominera del Orinoco y Sintraferrominera acordaron un cronograma para el pago de deudas laborales que la empresa mantiene con los trabajadores y otras reivindicaciones.

El jueves anterior las instalaciones de la empresa fueron militarizadas, como medida de presión hacia los trabajadores que hacían huelga.
Llama la atención el hecho de que el gobierno, a pocos días de anunciar también desde Guayana la conformación de las milicias obreras, usara la figura de la militarización para tratar de enfrentar una crisis que en todo momento tuvo raíces laborales. 

De hecho, el viernes terminaron haciendo lo que los trabajadores pidieron desde el primer día de huelga: sentarse a negociar las reivindicaciones y consiguieron, además, el reenganche, con pago de salarios caídos, de 7 trabajadores despedidos en el 2012.

El gobierno debe acostumbrarse a resolver los conflictos como lo hicieron el viernes, hablando, y no como lo intentaron el día anterior: amenazando con militares.

@MarcoAPonce y @mlhccs
ConflictoVe Fuente: TalCual, 17 de junio de 2013, pág 6

Comunicado: Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la Universidad Central de Venezuela‏

El Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la Universidad Central de Venezuela (CPUJUCV)  en relación  a las declaraciones del ciudadano Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, profesor Pedro Calzadilla,  refiriéndose a  la actual situación de las Universidades Nacionales,  desea  expresar públicamente lo siguiente:
 
1.- Ha sido muy importante para el país  que el Ciudadano Ministro haya expresado públicamente  la orientación ideológica  del  Ejecutivo Nacional en la cual  fundamenta su política hacia el  sector universitario. Sin embargo, los resultados prácticos de la aplicación de estas políticas, contradice  preceptos fundamentales establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ejemplo, el artículo 102 de la misma establece: “La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática….”.  De igual modo el Ejecutivo nacional  se ha empeñado en crear  un sistema universitario paralelo que contrapone y enfrenta  al de  las universidades nacionales autónomas. Para el gobierno,  existen dos clases de universidades: unas,   creadas  y controladas por reglamentos elaborados por el  Ejecutivo Nacional  y otras, el de las Universidades autónomas.  Las primeras, con apoyo político y financiero;  las segundas, con presupuestos congelados por años y  acusadas de ineficientes y de malversación.
 
2.- Conviene precisar en el  contexto anterior, que la Universidad venezolana constituye un sistema único de instituciones  que forman parte del Estado. A este sistema lo rige un conjunto de leyes y reglamentos vigentes, incluida nuestra carta magna que establece en su artículo 109: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes y egresados dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley….”  La mayoría de los principios que rigen a las universidades son de reconocimiento universal, sin estos principios  es imposible que la universidad pueda cumplir con la función que le está encomendada: crear y difundir el saber, ayudar a la formación integral de sus estudiantes y formar los profesionales y técnicos que requiere la Nación para su progreso. Los derechos que la sociedad venezolana concede a la Universidad, contenidos en esa normativa legal,  son además  resultado de una larga  historia de lucha de las universidades por la defensa de los mismos. 
 
 3.- Es plausible la creación de nuevas universidades y el incremento de las plazas para satisfacer las demandas de ingreso de nuestros jóvenes al sistema universitario,  pero la creación de nuevas instituciones universitarias  requiere de una planificación que establezca prioridades y tome en cuenta las necesidades  de profesionales y técnicos  requeridos  con urgencia para la solución de los graves problemas que confrontamos y los requerimientos de personal docente y de investigación e  infraestructura propias de una verdadera institución universitaria. En otras palabras, crear universidades por crearlas y con un alto costo para el país y para la familia venezolana no es una solución recomendable. Tampoco es una solución correcta importar profesionales y servicios de extranjeros para el ejercicio profesional y técnico sin que previamente se cumplan  los requisitos académicos y profesionales  establecidos en las leyes venezolanas.  
 
4. Prolongar excesivamente en el tiempo la condición de Universidad Experimental es inconveniente para el desarrollo de la propia institución. La ley de Universidades en su artículo 10,   establece que previa opinión del Consejo Nacional de Universidades, el Ejecutivo Nacional  “podrá crear Universidades Nacionales Experimentales cuando se quiera ensayar nuevas orientaciones y estructuras en educación”. Sin embargo,  también establece que la permanencia en dicho status no debe ser indefinidamente en el  tiempo. El funcionamiento de universidades durante años  con reglamentos ejecutivos de funcionamiento  y sin que la comunidad universitaria  elijan sus Autoridades, distorsiona significativamente la esencia misma  de la misma.
 
 4.- El Ministro señala en sus declaraciones que el presupuesto ha tenido un aumento significativo año tras año. Le decimos que este crecimiento del presupuesto  universitario es aparente y se debe a la  incorporación de un mayor número de instituciones en el sector, sin embargo la calidad académica, la capacidad de investigación y producción de nuevos conocimientos y tecnologías, la renovación de equipos, la preservación de la infraestructura, el mejoramiento de la calidad de vida del profesor, entre otros aspectos, son  negadas sistemáticamente y producen permanentemente el deterioro  de estas universidades y de su plantel profesoral.
 
5.- Las Universidades Nacionales se rigen por una Ley que fue reformada por el  Ejecutivo Nacional en el año 1972. El intento reciente de una nueva Ley fue vetado por el Señor Presidente de la República,  Hugo Chávez, debido a las grandes  inconsistencias contenidas en el proyecto.
 
6.- Cuando el Ministro asevera que es mediante la Ley Orgánica del Trabajo el mecanismo para discutir la contratación colectiva desconoce, sin razón, al Consejo Nacional de Universidades (CNU) que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Universidades vigente,  es la instancia  establecida para dirigir al sector universitario. Como consecuencia de ello,  desconoce olímpicamente, las Normas de Homologación, que sí bien deben ser revisadas y actualizadas, son un instrumento utilizado tradicionalmente para normar las relaciones laborales entre el Ejecutivo Nacional y las Universidades. Este, fue impuesto por el CNU y  fue ratificado  por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se intentó una demanda de nulidad por la  Asociación de Profesores de la UCV.  El Ministro comete dos gazapos jurídicos, obvia la instancia colegiada para dirigir al sector universitario y anula las Normas de Homologación  sin una resolución del CNU a quien compete tal decisión.
 
7.- Además de la ilegalidad en  la aplicación de la  Normativa Laboral,  se ha convocado para discutirla a unos supuestos representantes de los gremios universitarios carentes de legitimidad para representar a la totalidad de los profesores, empleados y obreros del sector universitarios y sus dirigentes no han sido electos democráticamente, como así es exigido a nuestras organizaciones.
 
8.- La discusión no solo del salario sino también de otras clausulas sociales que incluyan y amplíen la seguridad social en los aspectos de adquisición de viviendas, mejoramiento de la atención en salud y HCM, recreación, etc., debería considerarse  no como una acción benevolente del Ejecutivo Nacional, sino como parte de las obligación que el Estado tiene de  garantizar dichos derechos a profesores, empleados, obreros y sus grupos familiares. 
 
9.- La posición de la dirigencia gremial legítima de los profesores y  de otros sectores universitarios no es un capricho de sus dirigentes, ni una posición obstruccionista, debe entenderse como una legítima defensa del ordenamiento jurídico que rige al sector universitario. ¿Bajo que bases el Ciudadano Ministro invalida al CNU como instancia para discutir la contratación colectiva?, ¿El ministro ignora o desconoce, que la comunidad universitaria está definida e integrada por profesores y estudiantes?, esta posición no significa en modo alguno que los empleados, profesionales y obreros universitarios no sean importantes para el funcionamiento adecuado de la universidad, pero los aspectos académicos de una universidad les corresponde dirigirlos a los profesores y a los estudiantes a través de las instancias de cogobierno estipuladas en la Ley de Universidades. Entendemos que la intención del Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministro, es  eliminar la distinción entre profesores, empleados y obreros  y referirse a trabajadoras y trabajadores para justificar la aplicación  de la Ley Orgánica del Trabajo como  instrumento jurídico en las relaciones y contrataciones laborales.
 
10.- En el Comunicado el Ciudadano Ministro evade hacer consideraciones sobre el cerco presupuestario al cual han sido  sometidas las Universidades autónomas. Esta grave situación  ha afectado significativamente la  productividad, el desarrollo de programas sociales dirigidos a las comunidades, deteriorado la docencia de pregrado y postgrado. A esto se suma el grave deterioro del salario devengado por los profesores,  debido a la deficiente actualización de los mismos y  a los altos índices de inflación existentes. Este factor es el principal responsable de la migración y la disminución de las dedicaciones del profesorado ocurridas alarmantemente en los últimos años.


                                          Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la UC