Las universidades públicas viven un momento aciago. Están atenazadas
por la insuficiencia presupuestaria a que las ha condenado el gobierno,
que no ha reconocido ni siquiera el efecto de la inflación, congelando
por casi una década su presupuesto; y por unas remuneraciones precarias
de su personal académico, administrativo y obrero que no alcanzan para
cubrir sus necesidades básicas, que no ha recibido ningún aumento en los
últimos años.
Se ha pretendido doblegar a las universidades
autónomas con el expediente de reducir su presupuesto en términos
reales, restringir su acceso a fuentes alternativas de ingresos,
buscando que modifiquen su orientación.
Al mismo tiempo se han congelado los aumentos de sueldos y salarios con
el mismo propósito. Ya no es una exageración decir que se ha sometido a
los universitarios a sueldos de hambre. Un profesorinstructor a tiempo
completo recibe una remuneración menor al salario mínimo. Lejanos los
días en los cuales el escalafón del personal académico de las
universidades se asemejaba al de las fuerzas armadas. En ese entonces un
profesor titular ganaba lo que un general. Ahora hay una discriminación
odiosa donde el servicio civil es menospreciado.
Este intento de someter a las universidades públicas y autónomas a una
visión unilateral del mundo ha llegado a extremos inimaginables. Las
labores académicas han sido sometidas a un continuodeterioro, y si no se
han paralizado en su totalidad es por la vocación de servicio y la
mística de quienes ejercen esas funciones. Pero estamos en el límite,
tanto por el escaso presupuesto de funcionamiento como por las
remuneraciones precarizadas de los trabajadores.
El daño que la irresponsabilidad del gobierno está haciendo a la
universidad pública no se resume a quienes laboramos en ellas y a sus
estudiantes. Se está poniendo en peligro un patrimonio de gran valor
para el progreso de la sociedad venezolana. Aunque los voceros
gubernamentales parecen olvidarlo, las universidades además de la
docencia de pregrado y post-grado, tienen funciones vitales en la
investigación y en los servicios a la comunidad. Todos estos renglones
están siendo afectados de manera grave. Un deterioro que no se repone de
un día para otro.
De allí la urgencia de una política responsable de
financiamiento para las instituciones universitarias y una remuneración
adecuada para su personal. Desarrollar estas capacidades requiere mucho
tiempo de maduración, no seimprovisa. Dañar estas funciones neurálgicas
de la universidad pública, como se está haciendo, es gravísimo para el
futuro de nuestra sociedad y para aportar el conocimiento que fundamente
la construcción de un país próspero y equitativo.
La defensa de la universidad pública no nos atañe sólo a los
universitarios. Así lo están entendiendo cada vez mayores sectores de
nuestro país. Son instituciones básicas para defensa de la democracia y
para hacer prosperar el conocimiento.
Seguirlas atenazando y precarizando es un acto de suprema
irresponsabilidad. Se impone un cambio de óptica en el gobierno que
todavía estamos esperando. Ojalá que se imponga lo más pronto posible y
sean sensibles a la legítima protesta universitaria.
alberto.lovera@gmail.com