Con la campaña #Huelga No Es Delito, Provea apoya las luchas de los trabajadores venezolanos
La Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga en su
artículo 97. Sin embargo, en los últimos años Provea ha denunciado el
empleo de diversos mecanismos por parte del Estado venezolano para
restringir y criminalizar su ejercicio.
Por vías legales se mantiene la negación del derecho a huelga y cada
vez es más riesgoso para los sindicalistas convocar a la paralización de
actividades.
Hemos señalado que la creación de un entramado legal
orientado a criminalizar las luchas y disminuir la capacidad de
movilización de los trabajadores y los sindicatos, atenta contra
conquistas históricas del movimiento obrero como la libertad sindical y
el derecho a huelga, y está reñido con los principios consagrados en la
Constitución Nacional y las normas contenidas en los Convenios, Pactos y
Tratados Internacionales suscritos por el Estado venezolano.
Levanta tu voz en la fábrica, en la universidad, en la comunidad. Difunde, denuncia, defiende tu derecho legítimo a la huelga
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo (LODOFAT) junto a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de
la Nación, son la expresión más acabada de ese andamiaje represivo.
En diciembre de 2002, en el marco de un período de intensa
conflictividad política, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación. Los Títulos IV y V contemplan la clasificación
de las llamadas Zonas de Seguridad y las Sanciones y Penas ante la
violación de los preceptos señalados en dicho instrumento legal.
Los trabajadores venezolanos han sido las principales
víctimas de la criminalización y la judicialización de sus luchas, que
bajo el mandato de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, ha
emprendido el Estado venezolano.
Rubén González permaneció 17 meses en la cárcel, y actualmente está
sometido a juicio luego que la sentencia que lo condenó a 7 años de
prisión, fue anulada debido a las acciones de rechazo del movimiento
sindical a nivel nacional.
Entre los delitos que se le imputan, está la violación del artículo
48 de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuya pena aplicable está
contenida en el artículo 56 de la misma: “Cualquiera que organice,
sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas
de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y
funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios
públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del
país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.
El mismo principio fue aplicado en 2012, contra 5 trabajadores de la
construcción en el Estado Táchira, quienes fueron sometidos a la
justicia militar, luego de realizar una protesta a las puertas del
Fuerte Murachí, exigiendo el pago de sus pasivos laborales a la empresa
Xacobeo, C.A.
La Organización No Gubernamental “Control Ciudadano” ha calculado que
un 32% del territorio venezolano ha sido calificado como zona de
seguridad.
En el año 2009 Provea calculó que por delitos tipificados en
el Código Penal y por “violación de zona de seguridad” 2.400 luchadores
sociales se encontraban en regímenes de presentación en tribunales tras
haber sido privados de su libertad en el contexto de una manifestación.
La Ley de Seguridad de la Nación es casi una copia al calco de la
“Ley de Seguridad Interior del Estado” chilena, aprobada en 1958 durante
la presidencia del militar Carlos Ibáñez del Campo, y reeditada por el
Gobierno de Sebastián Piñera para criminalizar las luchas del pueblo
Mapuche.
Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), aprobada en mayo de 2012, está
orientada a la criminalización de la protesta y la proscripción de las
formas de lucha que históricamente ha adoptado el movimiento obrero.
Provea denunció a esta Ley como potencial violadora de los derechos
humanos debido a su ambigua definición de “acto terrorista” y
“delincuencia organizada”.
La LODOFAT, es la versión venezolana de la USA Patriot Act o
Ley Patriota Norteamericana y una aplicación del Manual Antiterrorista
del Fondo Monetario Internacional. Establece penas para las personas
naturales y jurídicas, que sean calificadas como terroristas o
cooperantes con el terrorismo.
El caso más emblemático de aplicación de la Ley
Antiterrorista ha sido el de Yendrick Sánchez, un joven que interrumpió
el acto de toma de posesión del presidente Maduro el pasado 15.04.13.
Sin embargo el objetivo principal de la LODOFAT es la desarticulación y
desmovilización de los sectores en lucha, entre ellos, los sindicatos y
gremios.
Otros instrumentos jurídicos apuntan a la criminalización del derecho a huelga.
La Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, del año 2009, crea en su artículo 50 la figura de los
llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las
empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la
paralización de la producción, lo que a juicio de Provea impediría el
derecho a huelga usando los “combatientes”como esquiroles o grupos de
choque.
Esta militarización de las condiciones laborales parece
ratificarse con el anuncio realizado el pasado 23.05.13 por el
Presidente Nicolás Maduro para la creación de las llamadas “milicias
obreras”.
Asimismo, en días pasados, el Gobierno Nacional ordenó la
militarización de la empresa Ferrominera del Orinoco, en un intento por
quebrar una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa industria,
en reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de quienes
habían sido despedidos injustificadamente en 2012.
En dicha oportunidad, Provea denunció que la militarización
de un conflicto de carácter laboral, generaba un grave precedente que,
sumado a la creación y fortalecimiento de las Milicias Obreras,
evidencian una elevación de la represión y criminalización del derecho a
huelga.
En otros casos como la aplicación de la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios” y la “Ley Especial de
Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra
conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al
control de precios”, se pretende restringir el ejercicio del derecho a
huelga bajo el “objetivo de garantizar el acceso a los alimentos y
combatir el desabastecimiento de productos básicos”.
En tal sentido, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha
insistido en exhortar al Gobierno Nacional a reformar la Ley para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su
artículo 139.
Casos más recientes como las sentencias dictadas por el Juzgado
Cuarto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, ordenando a la
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) y a la
Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), el levantamiento del paro
profesoral y la reanudación de actividades académicas en el Instituto
Pedagógico de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela,
constituyen graves violaciones al derecho a huelga y al convenio 87 de
la OIT en materia de Libertad Sindical.
Ante las continuas amenazas al derecho a huelga, el Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, junto a
organizaciones sindicales, gremiales, y defensoras de Derechos Humanos,
ha iniciado una campaña en favor de esta constitucional y legítima
conquista de las y los trabajadores venezolanos, y contra la
criminalización de quienes luchan por mejores condiciones laborales.
Mediante el uso de la etiqueta #HuelgaNoEsDelito en twitter, reivindicaremos el pleno ejercicio del derecho a huelga.
Puedes apoyar esta lucha a través de cualquiera de tus redes sociales.
Levanta tu voz en la fábrica, en la universidad, en la comunidad. Difunde, denuncia, defiende tu derecho legítimo a la huelga. (Prensa Provea, 25.06.13)
#HuelgaNoEsDelito
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