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| Las actividades permanecen paralizadas y en el rectorado de LUZ protestan por salarios y presupuesto justo. (Foto: José Nava) |
Las normas de homologación (NH), vigentes desde 1982, rigen los ajustes salariales de los docentes universitarios. De 180 a 200 por ciento sería el aumento a los académicos en el país si hubieran basado los cálculos en el documento
Por Isabel Cristina Morán / Maracaibo / imoran@laverdad.com
El debate inició en 1982, cuando
aprobaron las normas de homologación (NH) como instrumento para ajustar
los sueldos y beneficios adicionales de los miembros del personal
docente y de investigación de las universidades nacionales. Desde
entonces hay debate. Pero una de las patas, la del patrón, el Gobierno
nacional, "siempre estuvo floja". Es que negocia "a espaldas" de los
universitarios "al negarles la discusión" basados en esta normativa.
En la negociación de 1987, la representación profesoral condenó un 50
% del retroactivo hasta 1986, de acuerdo con un documento redactado por
Manuel Rachadell, docente jubilado de la Universidad Central de
Venezuela (UCV) y ex asesor jurídico del Consejo Nacional de
Universidades y la UCV.
Para la siguiente discusión, en 1988, imperioso fue que la Federación
de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) llamara a una
paralización académica, que se extendió hasta el cuarto mes. Los
involucrados dialogaron y acordaron incrementos, para 1990, de 82,1 %,
"en vez del 145,3 % que correspondía".
De 44 % fue el ajuste para el período 1992-1993, "en lugar del 75 %
"necesario" debido al costo de la vida. La academia entró de nuevo en
crisis en 1995. Los docentes no dictaron cátedra por 37 días. Se sentía
la presión del Ejecutivo central. Entonces aceptaron una remuneración
inferior a lo que habían solicitado.
Discusión "desigual"
En este juego siempre ganaba el empleador. En 1996 se convino un
aumento del 55 %, en lugar del 65 %, "al que tenían derecho los
profesores". Para el período 1998-1999 "se acordó un aumento menor al
índice inflacionario y se pagó con bonos la diferencia pendiente, los
que se emitieron en 2003".
Ni la inflación de 2000-2001, ubicada en 56 %, hizo que el patrón
asignara un incremento "justo". Ajustaron en 46 % el sueldo. El acuerdo
para el período 2002-2003 fue del 20 %, mientras que la inflación subió a
28 %.
"El Gobierno inició su política de conceder aumentos unilaterales en
2004. Estos ajustes están por debajo del índice inflacionario. Incluso,
para el período 2006-2007, el aumento (37 %) fue de casi la mitad del
porcentaje que correspondía. Para el lapso 2009-2010 no hubo revisión de
remuneraciones y en 2011 el Gobierno otorgó un aumento del 40 %, sin
carácter retroactivo, cuando el incremento ha debido ser del 125 %".
Validez indiscutible
Lo que ocurrió desde 1982 para acá está resumido en el trabajo de
Gladys Lucena de Marval, docente y dirigente gremial de la Universidad
del Zulia, titulado Normas de homologación. Síntesis histórica de su
discusión y aplicación, publicado por la Asociación de Profesores de la
Universidad del Zulia (Apuz).
Rachadell, en su investigación, apunta dos aspectos contenidos en las
NH: "De un lado, la disposición de que los sueldos y beneficios
adicionales serán iguales, para cada categoría, en todas las
instituciones, lo que significa una limitación a las potestades de los
Consejos Universitarios; y del otro, que el CNU asumió el compromiso de
revisar cada dos años las tablas de sueldos y los beneficios adicionales
de los profesores (artículo 13, NH), tomando como base el índice
promedio nacional del costo de vida, según los datos del Banco Central
de Venezuela, para lo cual se debe consultar la opinión de Fapuv".
"El Gobierno quiere desconocerlas, pero constitucionalmente no puede
hacerlo". En el artículo 89 de la Constitución se establece que los
beneficios laborales son irrenunciables, por lo que las desmejoras
laborales van contra el colectivo laboral. Entretanto, al menos 40
universitarios protestan con huelgas de hambre en cuatro estados del
país. Las manifestaciones apuntan a exigir un aumento salarial justo y
respeto a la autonomía universitaria.
La normativa está más vigente "que nunca". Tras un proceso de
consultas y de negociación entre las universidades y el ministro de
Educación de la época, se convino la redacción de las NH en el Consejo
Nacional de Universidades. Se sancionó por y se denominó Normas Sobre
Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del
Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales. Se
publicó en la Gaceta Oficial N.º 32.539 del 17 de agosto de 1982. De
haber hecho los cálculos de esa manera, los aumentos habrían sido 180 a
200 por ciento, explicó María Guadalupe Núñez, vicerrectora
administrativa de LUZ.
Sentencia del TSJ
"La caducidad legal de las normas de homologación proviene de una
sentencia emitida el 15 de diciembre de 2009 por la Corte Segunda de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)",
informó la Agencia de Noticias de la Universidad del Zulia. "Esta fue
una consulta ante el Tribunal interpuesta por la Federación de
Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) para exigir, entre
otras cosas, que el Consejo Nacional de Universidades cumpla con las
normas".
Manuel Rachadell, ex asesor jurídico de la Universidad de Venezuela y
del Consejo Nacional de Universidades, dice que la presentación no
sienta ningún precedente para el futuro porque no es un recurso de
anulación. "La sentencia, pese a que trata de quitarle importancia
vinculante, dice que están vigentes".
Fapuv anuncia eliminación de tres cláusulas
Del capítulo II, referente a la transformación universitaria,
incluido en la I convención colectiva única para trabajadores de la
educación superior, tres cláusulas. Eran polémicas. Evidenciaban "una
clara" pretensión del Gobierno nacional de intervenir en los procesos
internos de las casas de estudios autónomas.
La Federación de Asociaciones Profesores de Venezuela (Fapuv) logró
que se eliminara la cláusula 5 sobre la democracia participativa y
protagónica, la 6, del desarrollo de los valores humanos socialistas y
la 7, sobre el trabajo voluntario de todos los sectores universitarios
en las misiones, Consejos Comunales y Comunas. Estos planteamientos no
son materia de una convención colectiva, sino de una Ley de
Universidades.
Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de Fapuv, reiteró su llamado
al diálogo al Ejecutivo nacional. Ayer, durante la discusión que se
inició en la mesa, se derogaron estas cláusulas. Insistió en su llamado
al diálogo al presidente de la República, Nicolás Maduro y lo exhortó a
dejar de descalificar a las autoridades universitarias sobre la
inversión de los presupuestos. “Siéntese a discutir con ellos y verá
cuál es la realidad".
