#HuelgaNoEsDelito
#HuelgaNoEsDelito
Provea ha venido alertando sobre la progresiva implementación de
diferentes leyes e iniciativas del Ejecutivo Nacional que criminalizan
la paralización de actividades por parte de los trabajadores, a pesar de
que el derecho a la huelga está establecido en el artículo 97 de la
Constitución
A
pesar que el derecho a la huelga se encuentra establecido en el
artículo 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
Provea ha venido alertando sobre la progresiva implementación de
diferentes leyes e iniciativas del Ejecutivo Nacional que criminalizan
la paralización de actividades por parte de los trabajadores y
trabajadoras del país.
En diciembre de 2002 la Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Sus Títulos IV y V contemplan la clasificación de espacios territoriales e institucionales del país como "Zonas de Seguridad", sancionando cualquier "perturbación del orden" con penas de entre 5 a 10 años de prisión.
La organización "Control Ciudadano" ha establecido que alrededor del 32% del territorio venezolano es una "Zona de Seguridad", lo cual incluye instituciones estatales y las empresas de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual ilegaliza el ejercicio del derecho a huelga para sus trabajadores.
El castigo por "violación de zona de seguridad" no es solamente una amenaza. El Secretario General del Sindicato de Ferrominera, empresa ubicada en el estado Guayana encargada de la extracción y comercialización de mineral de hierro, fue privado de su libertad durante 17 meses por apoyar una legítima huelga por demandas laborales.
Hoy Rubén González enfrenta un juicio acusado de tres presuntos delitos, uno de ellos "violación de zona de seguridad".
2) Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios, con castigo de entre 2 a 6 años de prisión para quien impida la distribución y circulación de alimentos.
Por último, la ley más preocupante de todas: Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cuya ambigua definición de lo que significa "acto terrorista" y "delincuencia organizada" amenaza con limitar el ejercicio de diferentes derechos humanos.
Un segundo mecanismo para intimidar la posibilidad de exigir derechos laborales mediante la paralización de actividades lo ha constituido el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles, lo que está prohibido por la Constitución.
Un ejemplo fueron los cinco sindicalistas enjuiciados en el estado Táchira por paralizar la construcción de viviendas en las inmediaciones de un establecimiento militar para pedir el pago de deudas laborales. Tras ser privados de libertad, fueron enjuiciados por un tribunal castrense.
Además, se han venido utilizando a funcionarios de las Fuerzas Armadas para intimidar a los sindicatos y presionar por un acuerdo durante la realización de huelgas.
Este uso de la justicia militar se relaciona con el uso de las fuerzas armadas para presionar a que los sindicalistas en huelga lleguen a un acuerdo, como ocurrió en la empresa estatal Ferrominera en junio de 2013. El llamado a la conformación de las llamadas "milicias obreras" es una extensión de esta vocación militarizante.
El uso de un discurso criminalizador de la paralización de actividades intenta legitimar medidas represivas contra los trabajadores en huelga. Durante el conflicto universitario reciente voceros gubernamentales intentaron argumentar que el derecho a la huelga no podía estar por encima del derecho a la educación.
Provea recordó que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo son validas las restricciones al derecho a la huelga en aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de personas o de parte de la población. Ello no incluye la paralización de actividades escolares.
Provea ha iniciado una campaña para defender el derecho constitucional a la huelga en Venezuela, a la cual ha invitado a sumarse a organizaciones sindicales, sociales y populares del país bajo la etiqueta.
#HuelgaNoEsDelito
En diciembre de 2002 la Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Sus Títulos IV y V contemplan la clasificación de espacios territoriales e institucionales del país como "Zonas de Seguridad", sancionando cualquier "perturbación del orden" con penas de entre 5 a 10 años de prisión.
La organización "Control Ciudadano" ha establecido que alrededor del 32% del territorio venezolano es una "Zona de Seguridad", lo cual incluye instituciones estatales y las empresas de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual ilegaliza el ejercicio del derecho a huelga para sus trabajadores.
El castigo por "violación de zona de seguridad" no es solamente una amenaza. El Secretario General del Sindicato de Ferrominera, empresa ubicada en el estado Guayana encargada de la extracción y comercialización de mineral de hierro, fue privado de su libertad durante 17 meses por apoyar una legítima huelga por demandas laborales.
Hoy Rubén González enfrenta un juicio acusado de tres presuntos delitos, uno de ellos "violación de zona de seguridad".
Otras tres leyes colocan al margen de la ley la realización de huelgas:
1) Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, con entre 6 a 10 años de prisión para quien impida la producción, distribución o circulación de bienes considerados como de "primera necesidad".2) Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios, con castigo de entre 2 a 6 años de prisión para quien impida la distribución y circulación de alimentos.
Por último, la ley más preocupante de todas: Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cuya ambigua definición de lo que significa "acto terrorista" y "delincuencia organizada" amenaza con limitar el ejercicio de diferentes derechos humanos.
Un segundo mecanismo para intimidar la posibilidad de exigir derechos laborales mediante la paralización de actividades lo ha constituido el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles, lo que está prohibido por la Constitución.
Un ejemplo fueron los cinco sindicalistas enjuiciados en el estado Táchira por paralizar la construcción de viviendas en las inmediaciones de un establecimiento militar para pedir el pago de deudas laborales. Tras ser privados de libertad, fueron enjuiciados por un tribunal castrense.
Además, se han venido utilizando a funcionarios de las Fuerzas Armadas para intimidar a los sindicatos y presionar por un acuerdo durante la realización de huelgas.
Este uso de la justicia militar se relaciona con el uso de las fuerzas armadas para presionar a que los sindicalistas en huelga lleguen a un acuerdo, como ocurrió en la empresa estatal Ferrominera en junio de 2013. El llamado a la conformación de las llamadas "milicias obreras" es una extensión de esta vocación militarizante.
El uso de un discurso criminalizador de la paralización de actividades intenta legitimar medidas represivas contra los trabajadores en huelga. Durante el conflicto universitario reciente voceros gubernamentales intentaron argumentar que el derecho a la huelga no podía estar por encima del derecho a la educación.
Provea recordó que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo son validas las restricciones al derecho a la huelga en aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de personas o de parte de la población. Ello no incluye la paralización de actividades escolares.
Provea ha iniciado una campaña para defender el derecho constitucional a la huelga en Venezuela, a la cual ha invitado a sumarse a organizaciones sindicales, sociales y populares del país bajo la etiqueta.
#HuelgaNoEsDelito
Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=88946&tipo=COL&idcolum=157
